Se entiende por criptología el estudio y práctica de los sistemas de cifrado destinados a ocultar el contenido de mensajes enviados entre dos partes: emisor y receptor.

La criptografía es la parte de la criptología que estudia como cifrar efectivamente los mensajes.

Esto que así dicho parece no revestir mayor importancia, se ha convertido en pieza clave de un debate que ha desbordado muchos foros restringidos, hasta configurarse como uno de los focos de mayor atención de la mayoría de los gobiernos del planeta. En algunos países está directamente prohibido el uso de encriptación de mensajes (como Francia o China, por ejemplo), en otros como Estados Unidos está fuertemente controlado, impidiéndose la exportación de programas encriptadores al considerarse por el Acta de Control de Exportación de Armas (Arms Export Control Act) como incluida en su lista, junto a misiles, bombas y armamento diverso (¿?).

Hay muchos países que, aunque en su territorio nacional permiten el uso de la criptología, desean que estos programas incluyan una puerta trasera (backdoor) o procedimiento parecido para poder intervenir el mensaje cuando así lo consideren oportuno. Es el caso del famoso chip de depósito de claves o Chip Clipper, para encriptar conversaciones telefónicas (los dos teléfonos participantes en una conversación deben tenerlo).

Todo esto nos lleva directamente al enfrentamiento privacidad en las comunicaciones-control gubernamental, lo que en términos orwellianos se denomina "el control del Gran Hermano" (aunque esta expresión se utiliza, también, para denominar a esa especie de ojo vigilante, que presuntamente nos acecha continuamente y cuyo origen es indeterminado: Gobiernos, espias de distinto grado, fisgones o meros curiosos...).

Lo cual desemboca en la posible afectación de derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la Libertad de Expresión, que difícilmente se puede conseguir si cuando nos comunicamos con alguien no sabemos quien o quienes pueden realmente leer el mensaje, y el Derecho a la Privacidad. Problema que se agrava en Internet, ya que los mensajes se pueden quedar en el ciberespacio por tiempo indefinido, sin tener nosotros siquiera consciencia de ello o de donde estará efectivamente copiada o almacenada nuestra comunicación.

La cuestión es conseguir que aunque nuestros mensajes puedan ser interceptados, resulten totalmente ininteligibles. Y esto se consigue con la criptología.

No estamos ante un problema trivial: es de vital importancia para que se desarrolle el comercio seguro en Internet, para los grupos defensores de los Derechos Humanos o para las comunicaciones entre abogados y sus clientes, por indicar algunos de los cientos de ejemplos posibles.

La tendencia de los sistemas de clave simétrica, actualmente, es a utilizarlos poco o simplemente para cuestiones que no necesiten un alto grado de protección.

Los sistemas de clave asimétrica son los que se están imponiendo, ya que ofrecen un mayor grado de seguridad. Sobre todo porque no hace falta que la clave sea conocida nada más que por una persona. Ya se sabe que cuando un secreto se comparte, hay bastantes posibilidades para que deje de serlo.

Entre los programas encriptadores de esta segunda clase, el que se está configurando como un standard (por lo menos en cuanto a los usuarios corrientes) y goza de mayor popularidad es el PGP. Existe tanto en versiones gratuítas como comerciales.

En España no hay ningún problema al respecto, pero en muchos países la situación legal está todavía por definir.

La colisión de intereses que se produce es, por un lado el Derecho a la Intimidad y a la Privacidad, y por otro, el deseo de los Cuerpos de Seguridad de que no exista información a la que no puedan tener acceso. Se promete interesante el debate en muchos países, como el que hay actualmente abierto en Estados Unidos. Por un lado los defensores de la Privacidad, por otro, cifras como las que presenta el FBI (y eso que ellos no llevan a cabo la totalidad de las escuchas realizadas en los EE.UU.). Entre 1.985 y 1.994, las escuchas ordenadas judicialmente formaron parte de las pruebas que concluyeron en 14.648 sentencias, supusieron casi 600 millones de dólares en multas y más de 1.500 millones de dólares en recuperaciones y embargos ordenados por los jueces. Esto se imposibilitaría con el uso de encriptación fuerte.

MAURO ARGAÑARAZ
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